Después de dos semanas de desencuentros, votaciones, acuerdos políticos, conductas para el olvido (y váyase a saber qué otros detalles desconocidos), finalmente, el Congreso Nacional de la República logró elegir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Atrás quedaban expectativas, críticas y sorpresas, que iniciaron con la integración de la Junta Nominadora responsable de entregar al Poder Legislativo el listado de 45 abogados dispuestos a asumir la responsabilidad de conducir el alto tribunal.
Al igual que en 2002 y 2009 -aunque algunos no recuerden y otros no quieran hacer memoria-, nuevamente, el proceso de selección y elección ha dejado un sabor agridulce para quienes participaron en el mismo, bien como aspirantes, electores o espectadores. En la primera elección, los dos grandes partidos se quejaron del excesivo protagonismo de una incómoda sociedad civil organizada, avalada por la cooperación internacional. Eran los tiempos post-Mitch y, no hacía poco, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había brindado la argumentación necesaria para la profunda reforma constitucional que generó el nuevo formato de elección y estructura de la Corte.
Por primera vez, los representantes de los partidos en el Pleno Legislativo debían escoger de una lista cerrada, limitación y diferencia importante de la tradicional forma de elegir hasta entonces nueve magistrados. Serían los sectores representados en la Junta -y no los partidos- los que propondrían candidatos y de ahí saldrían los ungidos (finalmente, algunos profesionales se propusieron a sí mismos y la Junta también los incorporó). Llegada la votación, la Corte fue integrada con una mayoría de ocho magistrados de filiación nacionalista (ganador de las últimas elecciones), siendo liberales el resto (7). Fieles a la tradición, no resultó complicado a los diputados averiguar simpatías y colores de cada uno de los nominados.
En la segunda elección, la dinámica interna que vivían los partidos influyó mucho en el proceso. Fue notorio desde un inicio que, para evitar sorpresas, al menos uno de los partidos se anticipó a ubicar algunos afines en puestos de la Junta. Con sentido estratégico, llegado el momento de las propuestas sectoriales, las candidaturas viables aparecieron distribuidas en distintos listados.
Se sabía de antemano que la minoría de siete magistrados sería nacionalista y ocho serían liberales (en el poder), pero fue más fácil a los primeros que a los últimos lograr el consenso sobre su nómina. Nuevamente hubo cuestionamientos a la Junta, se anuló su reglamento, se quiso imponer candidaturas. Hoy sabemos que el desacuerdo oficialista y los sinsabores de entonces sobre la selección de los magistrados eran síntomas de la grave crisis política que ya estaba gestándose.
Han transcurrido dos semanas de la elección de la Corte Suprema. Se ha cuestionado -nuevamente- el rol de la Junta, sus lealtades, procedimientos y resultados. Se invocan cambios para superar influencias políticas y otros nuevos inconvenientes. Y estamos seguros que así será, gatopardismo mediante, para lograr el ocho-siete de siempre.
*Abogado