Radio América. Este martes compareció en conferencia de prensa el vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães Marrey, detallando los nuevos requerimientos contra varios integrantes de la exjunta directiva del Seguro Social (IHSS) acusados de abuso de autoridad y fraude.
El requerimiento se ha extendido contra 12 exrepresentantes del sector obrero y empresarial ante la directiva del IHSS, acusados por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública de Honduras, indicó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
Los nuevos señalados
El requerimiento fiscal se ha procesado contra Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Leonardo Villeda Bermúdez, Bejamín Bográn, Oscar Galeano, José Hilario Espinoza, Armando Villatoro, Luis Alonso Mayorga Galvez, Humberto Lara Enamorado y José Manuel Espinal y Fabricio Valentín Vásquez Sosa.
Éste último (Fabricio Vásquez) se ha presentado voluntariamente esta mañana del martes a los Tribunales en Materia de Corrupción. El resto ha sido detenido en Tegucigalpa y San Pedro Sula y enviados un total de siete a los depósitos policiales de la ATIC.
Las autoridades señalan que los imputados licitaron y compraron equipo que no era una necesidad real de la Seguridad Social.
Por lo que muchos aparatos aún se encuentran embodegados sin ser usados hasta la fecha, detalló Marrey.
Favorecían a…
Reveló que adquirieron equipos de alto valor económico que en el momento de la contratación el IHSS no tenía la capacidad financiera
Realizaron un proceso de licitación que se presume se hizo solo para «favorecer a la empresa intermediaria Dimesa». Adquirieron equipos sobrevalorados en un 114% del valor de mercado.
“Finalmente adquirieron contratos que obligaban al IHSS a pagar mensualmente el mantenimiento de dichos aparatos”, detalló.
Este se trata del séptimo caso de investigación presentado por la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic-Ministerio Público) y la MACCIH.
Licitación fraudulenta
El hecho corresponde a la “licitación fraudulenta” de equipos para el Seguro Social, enfatizó hoy la Misión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a las indagaciones, la contratación fue efectuada mediante los fondos provenientes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte por 600 millones de lempiras.
No obstante, se indicó, la no disponibilidad presupuestaria era del conocimiento de la junta directiva con anterioridad puesto que en octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo que declaraba estado de emergencia presupuestaria.
Pese a dicha crisis presupuestaria los acusados pusieron las bases de licitación del 18 de octubre al 23 de noviembre de 2010 contraviniendo la disposición legal por ellos aprobada.
