Los retos de la Unidad de Política Limpia:
Hace varios meses dedicamos una serie de artículos para comentar los alcances
de las investigaciones a la empresa multinacional Odebrecht, de origen brasileño.
En esos días ya había confirmaciones de muchos de sus ramales en varios países
latinoamericanos, pero no habían surgido todavía las confirmaciones de sus
influencias en Colombia, República Dominicana, Panamá y México, ni habían
altos funcionarios (incluyendo Presidentes) enfrentando procesos criminales. Se
sabía que eso ocurriría tarde o temprano, pues ahí donde la empresa logró
obtener contratos, siempre siguió el mismo modus operandi: preparar el terreno
con jugosas coimas, no solo a personas ligadas a las licitaciones internacionales,
sino a las campañas electorales de los candidatos presidenciales con más
probabilidades de triunfo. Aunque todavía no hay evidencias de sus actividades
irregulares en nuestro país, en Guatemala y El Salvador ya no es secreto que sus
ejecutivos podrían haber logrado jugosos proyectos de infraestructura a cambio
de apoyo a actividades políticas locales.
La influencia del dinero sucio en la política latinoamericana no empezó con el
caso Odebrecht, pero sin duda se aprenderá mucho de su análisis y de las
ramificaciones de la investigación Lava Jato de Brasil: en todos los países donde
los corruptores actuaron, existían legislaciones e instituciones para prevenir y
combatir la corrupción, que no evitaron las prácticas irregulares de los
perpetradores, aunque ayudarán a sancionar a los involucrados en este
megaescándalo (que todavía no termina, por cierto). Las fallas ayudarán a
mejorar las estructuras estatales para garantizar la integridad de los funcionarios
públicos y contratistas, además que permitirán a legisladores afinar las
normativas para enfrentar la corrupción pública.
El caso Odebrecht es un caso paradigmático en el financiamiento irregular de la
política y pone en evidencia que, para ganar una elección, efectivamente hay
quienes están dispuestos a “venderle su alma al diablo”. El dinero sucio puede
provenir -como en el brasileño- de fuentes lícitas que se vuelven ilícitas; también
puede haber sido entregado por actores que operan desde la ilegalidad (como
carteles del crimen organizado), o surgir de recursos estatales que han sido
desviados para proselitismo y otras actividades políticas.
En nuestro país, el desvío de fondos del Seguro Social para goce personal de sus
funcionarios y empresas de maletín que dieron apoyo a la campaña del partido
oficialista en el ciclo electoral 2012-2013, se sumó a la inocultable presencia de
dineros de la narcoactividad en el financiamiento de campañas y candidatos en
distintos niveles electivos de la mayoría de partidos políticos, oportunamente
denunciada por personajes de alta credibilidad nacional e internacional. Como
consecuencia de ello, y una necesidad innegable, se aprobó en noviembre de
2016 una nueva ley para regular el financiamiento de partidos políticos y
campañas, cuya implementación estará a cargo de una Unidad Especial y que,
como se intuye, enfrentará retos mayúsculos en los próximos meses y años.
Miguel A Cálix