Parte de mi explicación consistió en reiterarle al funcionario extranjero que las viejas reglas existen para cumplirse. Esa es una regla del juego. También lo es que no pueden cambiarse de un día para otro. Esa es otra regla (o al menos, debería serlo). Hacerlo así produce certidumbre o “seguridad jurídica”, como gustan decir los iniciados.
Le aclaré que, en momentos de crisis, los protagonistas usuales de nuestras tramas políticas han demostrado un admirable contorsionismo para hacer caso omiso a la certeza. Ya se sabe cómo en 1985, por “esa única vez”, se utilizaron los principios de la “ley de lemas” (o doble voto simultáneo) para resolver irresolutas pugnas partidarias internas e intromisiones trasnochadas, aun y cuando el texto constitucional expresa claramente que el ganador de la titularidad del Poder Ejecutivo será aquel que logre la simple mayoría de votos del soberano (también llamada mayoría común, ordinaria o relativa).
Algo similar ocurrió en 2002, cuando a pesar que la Constitución establece que algunos artículos no pueden reformarse bajo ninguna circunstancia, al amparo de acuerdos políticos se sustituyó la figura de los Designados Presidenciales (incluida con buen tino en las constituciones desde 1957), por la de un Vicepresidente. Seis años después, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la reforma de marras y el texto constitucional volvió a su estado original, habilitando de golpe al Presidente del Congreso Nacional como aspirante al Ejecutivo…y dejando a la nación sin Vicepresidente por casi dos años.
Y es que las viejas reglas, a pesar de la elasticidad de sus más ilustres operarios, también se reúsan a morir: en 1957, en un arrebato de modernidad, los constituyentes decidieron cambiarle el nombre a la institución encargada de la fiscalización de la Hacienda Pública y rebautizaron el antiguo Tribunal Superior de Cuentas (presente en las cartas magnas desde 1839) para llamarlo “Contraloría General de la República”. El experimento nominal fue desechado en 2002, retomándose el tradicional y demostrando de paso que para cuidar el erario público de malos manejos se necesita más que un simple cambio de rótulo.
En ausencia de reglas, también se ha acudido a la “tradición” (esa vieja instrucción no escrita). La semana pasada causó sorpresa a más de uno con corta memoria histórica, la presencia de quince aspirantes a magistrados del máximo tribunal de justicia, esperando ansiosos en un salón cercano al pleno del Congreso Nacional para ser juramentados. Nada extraño para los que somos de por acá pues cuando de altos cargos se trata, ha sido “tradición” -hasta hace poco- elegir in extremis a altas horas de la noche del día último, antes de que se produzca la vacancia y tomar la promesa de ley inmediatamente a quienes resulten ungidos. Excepción, claro está, de la elección temprana de los ocupantes del Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas en 2014, que provocó sorpresa y más de una queja.
Sorpresa y queja que no fueron las primeras (ni las últimas), como veremos la próxima semana.
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Por Miguel A. Cálix Martínez