Radio América. Luego de la finalización de la audiencia inicial de los miembros de la ex-junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el juez en Materia de Corrupción convocó a las partes para el lunes a las 11 de la mañana para dar la resolución del fallo.
En la resolución del caso, el juez conocedor de la causa contra los ex-directivos del Seguro Social, se conocerá, si a los acusados se les dicta auto de formal procesamiento o, por el contrario se les otorgará un sobreseimiento definitivo.
Los presuntos implicados son acusados por el delito de sobre-valoración de un contrato de equipo biomédico consistente en un 114% del valor que debió pagar el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Ante eso, el abogado Raúl Suazo, parte del equipo de defensores de los 12 acusados una vez hechas las conclusiones, dijo que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por medio de un auto de formal procesamiento para todos los supuestos involucrados, inclusive a las personas mayores de 70 años y las presentadas voluntariamente.
En el caso de la defensa solicitaron un sobreseimiento definitivo por considerar que el Ministerio Público no pudo probar bajo ninguna circunstancia ni los elementos subjetivos de tipo penal en el caso que hubiese una colusión o, algún acuerdo entre la junta directiva y la empresa que se favoreció con la licitación pública internacional, declaró el togado.
Entre las irregularidades presentadas en la audiencia inicial, según el profesional del derecho, fue la presentación voluntaria de las personas mayores de 70 años a las cuales se les decretó una detención judicial.
«Eso nos tiene sumamente preocupados, la falta de objetividad del Ministerio Público, la presencia de personeros de la Maccih, especialmente, a un juzgado que estamos rechazando por un juez natural que conoce ya la causa de la empresa favorecida en la licitación», cuestionó el entrevistado en Radio América.
Otras de las preocupaciones denunciadas por Suazo, es que durante el desarrollo del proceso a los abogados se les han violentado el derecho de defensa, el acceso a los medios de pruebas y a pronunciarse sobre algunas cosas, el cual no debe ser esto por «la evidencia de una estado fallido en cuanto la administración de la justicia».
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