Por Miguel A. Cálix Martínez
En 2004, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) estableció el “Barómetro de las Américas” (no confundir con Latinobarómetro), un esfuerzo multinacional de instituciones académicas y expertos en todo el continente, que lleva a cabo periódicamente encuestas sobre valores y comportamientos democráticos en las Américas. En 2010, LAPOP presentó en Tegucigalpa su estudio “Cultura política de la democracia en Honduras”. Apenas había transcurrido un año del golpe de Estado, por lo que sus tradicionales contenidos (análisis de valores democráticos, legitimidad, apoyo al sistema y tolerancia política, sociedad civil y participación ciudadana, entre otros) generaban interés inusual. No fue casualidad que dedicara todo un apartado a lo vivido el año anterior, con datos sobre conductas partidistas, comportamiento electoral, ideologías y actitudes políticas de la población hondureña.
El informe incluía un comparativo sobre los niveles de confianza en las instituciones hondureñas entre 2004 y 2010. En él destacaba el repunte experimentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2008 y 2010, que había pasado de un magro 38.4% a un 56.4% de confianza. Después de las elecciones primarias de 2008, la ciudadanía le pasó factura al TSE por las irregularidades denunciadas, pero el proceso de 2009 ejecutado en circunstancias complejas y hasta hostiles llevó a una ansiada vuelta de página, que produjo un efecto positivo en la percepción ciudadana.
Las elecciones de 2013 hicieron lo contrario: el nivel de confianza bajó a un 42.5% (dato similar al de 2006) gracias a la sombra de duda que se esparció sobre la fiabilidad de sus resultados por una ampliada oposición política perdedora (que hasta hoy no reconoce la derrota), potenciada por la inacción de la justicia ante delitos cometidos en la parte final del ciclo electoral y casos particulares (por ejemplo, el empate en San Luis, Comayagua).
Si la confianza institucional como hemos dicho tiene mucho que ver con la certidumbre que se espera o no de sus acciones e intervenciones, todo lo que ha ocurrido en las elecciones primarias del último fin de semana y lo que resuelvan sobre ello los partidos políticos participantes y el TSE tendrá un impacto indudable en los niveles de confianza que la población ya tenía sobre ellos y sobre el ejercicio electoral de noviembre próximo. Lo mismo aplica para medios de comunicación y otros actores, principales o secundarios.
El orden y la buena calidad de los procesos, la garantía de la observancia de sus reglas y prohibiciones, la anticipación de su certeza, no dependen de veedores externos ni repeticiones de campañas y eslóganes. Los construyen paulatinamente las partes involucradas, respetando procedimientos y límites establecidos, modificando lo que no funciona. Haciendo lo contrario a lo que inspira confianza, no solo se mina la esperanza de la gente en las instituciones y sus actuaciones, también se está regando y podando la hiedra de la ingobernabilidad, esa que fue plantada con el afanado concurso de los mismos que hoy prometen evitarla y se ufanan de fortalecer la democracia.
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