Arturo Alvarado Sánchez
El culto a la persona se puede definir como la adoración y adulación excesiva hacia un líder carismático, especialmente cuando se trata de un personaje de alta investidura, como ser Presidente o Jefe de Estado. Derivado de lo anterior, es frecuente observar la obediencia ciega ante estas personas y la exaltación excesiva de sus méritos reales.
El culto a la personalidad tiene como objetivo fortalecer la posición política del líder, bajo el argumento que es el único que puede conducir a las masas o desempeñar las responsabilidades en forma exitosa y por lo tanto hay que obedecerlo y defenderlo contra viento y marea. Repasando la historia podemos encontrar muchos ejemplos que van desde Adolfo Hitler, Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y últimamente Daniel Ortega, Nicolas Maduro, Evo Morales y algunos otros.
La historia registra casos en que el Derecho Divino ha sido la justificación para usurpar el poder. Para el caso, Francisco Franco en España creía que era un enviado de Dios y por lo tanto, se adjudicó el título de “Caudillo de España por la Gracia de Dios”. Igualmente, otros mandatarios se otorgan a sí mismo títulos y honores como «El Benemérito», «El Excelentísimo», «El Generalísimo», «Benefactor de la Nación», «El Restaurador de la Independencia» o «El Supremo».
Lo paradójico es que este culto a la personalidad no solo se da en las dictaduras sino que también en gobiernos que inicialmente fueron electos democráticamente y que luego se aferran al poder. Para esto, obviamente, se requiere que las instituciones que conforman el Estado de Derecho hayan sido debilitadas o dominadas y no ejerzan el contrapeso que es vital para que el ordenamiento jurídico se aplique con todo rigor.
Generalmente, estos líderes toman acciones represivas justificándolas con amenazas o ataques de una potencia extranjera, o de un grupo político, económico o religioso, que atenta contra su régimen y por lo tanto, contra la misma ciudadanía. La tolerancia hacia las críticas es prácticamente cero y los que se atreven a hacerlo son perseguidos implacablemente. Quien se atreve a cuestionar al líder es calificado como un traidor o un rebelde que debe ser castigado. Pero estos políticos autoritarios solo pueden lograr sus objetivos cuando la población y sectores económicos y sociales importantes, en forma sumisa, aceptan las órdenes y renuncian a ejercer sus derechos y a la libertad de expresión, acomodándose a los intereses como un mecanismo de autoprotección.
Recientemente la embajadora saliente de Estados Unidos, Laura Dogu, se despidió de Nicaragua, emplazando a la cúpula empresarial a sustituir el modelo del poder controlado entre las élites y el caudillo, por un sistema democrático en el que “el poder y las oportunidades deben compartirse con todos”. Sin embargo, para que esto sea una realidad se necesita que funcionen tanto el Estado de Derecho como los pesos y contrapesos y que en caso de un peligro a la democracia, las instituciones actúen firmemente.
Para que las democracia cumpla sus objetivos, de acuerdo a lo expresado por dos profesores de Harvard en su libro Como mueren las Democracias, también es necesario que funcionen dos normas básicas, como ser la Tolerancia Mutua, lo que significa que los partidos políticos rivales deben estar dispuestos a aceptarse como adversarios legítimos y la Contención o el reconocimiento entre los políticos de la necesidad de moderarse al momento de utilizar sus prerrogativas institucionales. En otras palabras, aceptar la legitimidad de los partidos políticos y resistir la tentación de cometer abusos en el ejercicio del poder.
En Honduras estamos viviendo momentos cruciales con un dialogo político que no pareciera que avanza y con ambiciones de poder que comienzan a aflorar entre los pseudo líderes políticos. ¿Será la consulta popular un instrumento para refundar Honduras, como se decía hace algunos años o un plebiscito para resolver el tema de la cuestionada reelección? La realidad es que en Honduras necesitamos paz, tolerancia y avanzar en un desarrollo económico sostenible y equitativo sin discriminaciones políticas y así comenzar a resolver nuestros problemas seculares del subdesarrollo. Aprendamos de la historia.