-Una Comisión Multipartidaria creada el 19 de mayo pasado por el Parlamento de Honduras para indagar sobre los avances de doce casos de corrupción en el país, recomendó la suspensión de un «alto funcionario» de la Fiscalía General del Estado, al que no identificó.
La misma comisión también dejó a criterio del Parlamento si es llamado a declarar ante ese poder del Estado al fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, por los casos que están siendo investigados y los que ya han sido judicializados.
El extenso informe fue leído por el presidente de la Comisión Interparlamentaria, Mario Pérez, ante el pleno del legislativo, en un acto que duró más de dos horas y que comenzó con otras seis de retraso.
El informe, que para algunos diputados «se quedó corto» porque no ha aportado nada nuevo, que no haya trascendido en los medios de comunicación, ha ratificado la impunidad que ha habido en el país centroamericano por parte de autoridades judiciales, del Ministerio Público, órganos contralores y cuerpos de seguridad, entre otros.
El más sonado de los casos que destaca el informe es el millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, descubierto en 2014, por el que están en prisión su último director, Mario Zelaya, y dos exviceministros, entre otros.
Otro escándalo recogido en el informe tiene que ver con un millonario despilfarro durante la administración de Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, cuando pretendía mediante una consulta popular reformas constitucionales que la ley le impedía.
La Comisión Interparlamentaria, conformada por trece diputados de las siete bancadas que integran el legislativo hondureño, no pudo lograr consenso en algunos puntos, como el de que se instale en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la de Guatemala, que pedían algunos parlamentarios de la oposición.
Otros de los casos indagados tienen que ver con denuncias de corrupción en la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, el Instituto de Previsión del Magisterio, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, las secretarías de agricultura y Salud.
Se suman el asesinato del periodista Alfredo Villatoro, en 2012, y del excoordinador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, (DLNC) y analista Alfredo Landaverde, en 2011, y el caso de un avión ejecutivo que fue dejado abandonado en Tegucigalpa el 24 de febrero de 2006, que supuestamente era un regalo para un «alto funcionario».
Entonces, el presidente de Honduras era Manuel Zelaya, quien había asumido el poder el 27 de enero de ese mismo año, pero el informe no precisa nombres, ni siquiera de los dos pilotos mexicanos que trajeron el aparato, que antes había estado en Venezuela.
El informe de la Comisión señala a políticos de varios partidos, empresarios, funcionarios de gobierno y periodistas, entre otras personas asociadas a los doce casos de corrupción.
La Comisión hizo una serie de recomendaciones al poder judicial, el Ministerio Público y el mismo Parlamento para que se agilicen algunos de los casos cuyo proceso no avanza con la celeridad debida.
En otros casos recomendó que sean reabiertos para una mayor investigación.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo tras escuchar el informe que cada dependencia debe «asumir lo que le corresponde».
Agregó que «gracias a la Comisión Interventora del Seguro Social se pudo parar más abusos de dinero» en perjuicio de esa institución.
Subrayó que también «se tiene que dar resultados del poder judicial en casos muy concretos y otras instituciones».
Hernández enfatizó con la misma celeridad con la que se han capturado narcotraficantes y criminales, se puede proceder contra los casos de corrupción.
«Al poder Ejecutivo no le va a temblar la mano para llevar las tareas que le corresponden adelante en función de hacer justicia al pueblo hondureño. Igual pedimos diligencia, resultados, a las demás instituciones operadoras de justicia», acotó.
HRMH