(AFP). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró el viernes en Honduras su preocupación por el polémico plan Guardianes de la Patria, por el cual militares buscan alejar a menores de las drogas y el crimen, y se mostró proclive a eliminarlo.
Este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se refirió al tema al concluir una visita a Honduras para evaluar la situación humanitaria en el país, uno de los más violentos del mundo.
«La CIDH reitera su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas», señaló la CIDH en sus observaciones preliminares.
«Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales», añadió.
El plan, patrocinado por el presidente Juan Orlando Hernández, quien tiene formación militar, así como por el Ejército y grupos religiosos, capacita en batallones a menores en situaciones de riesgo.
«Tenemos una especial identificación de esta problemática y ha sido planteada a nivel de las instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes para trabajar en la eliminación de este programa», dijo en rueda de prensa en Tegucigalpa la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidente de la CIDH.
El programa, impulsado con la llegada al poder de Hernández en 2014, ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
En 2015, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño llamó al Estado hondureño a abandonarlo y a asegurarse de que los niños y adolescentes no participen en actividades en cuarteles u otras instalaciones militares.
La delincuencia juvenil contribuye según expertos a la violencia en Honduras, que en 2014 tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, con 79 cada 100.000 habitantes.
Actualmente, esa cifra ha disminuido a 43 cada 100.000 habitantes, un nivel cuatro veces superior al considerado «epidemia» por organismos internacionales.
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