La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este lunes medidas cautelares a favor de aliados y familiares de Berta Cáceres, la ambientalista asesinada en Honduras, señalando que sus vidas están «amenazadas».
En un comunicado, la CIDH pidió a las autoridades hondureñas proteger la integridad del círculo familiar de Cáceres, así como los miembros de su organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)) y el activista mexicano Gustavo Castro, herido durante el atentado contra la dirigente.
«La Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro», indicó el órgano con sede en Washington.
Según la CIDH, esas personas «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo».
Berta Cáceres, asesinada un día antes de cumplir 45 años, era la coordinadora del COPINH y ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente.
La activista fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por al menos dos encapuchados que entraron a su vivienda en La Esperanza, a unos 200 km al noroeste de Tegucigalpa, pese a recibir medidas cautelares de la CIDH.
Con ella se encontraba el activista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido y fue impedido de salir de Honduras para que cumpla con diligencias judiciales sobre el hecho.
Pero la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró necesario que se le permita a Castro salir del país e instó a las autoridades hondureñas a tomar «todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad».
La Comisión también pidió garantizar que los miembros del COPINH realicen sus actividades «sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos».
En un informe difundido en febrero, la CIDH alertó sobre los elevados índices de violencia e impunidad en Honduras, y abogó por reformar los cuerpos policiales.
Sectores excluidos como mujeres, indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano, estimó el organismo en el crítico reporte.AFP
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Carlos Núñez