En el mes de mayo de 2018, la Alcaldía Municipal aprobó unos desorbitados incrementos a la tasa vial municipal, que van desde un mínimo de 75% hasta un máximo de 130%, con vigencia a partir del 1 de julio de 2018 cuando comienza el período de matrícula vehicular. Como era de esperarse, la población capitalina y el gremio de los taxistas dejaron oír su voz de propuesta ante aumentos claramente fuera de toda proporción lógica, por lo que las autoridades municipales iniciaron un proceso de socialización.
Después de una serie de reuniones con los dirigentes del transporte de taxis, sin la participación de ningún representante de los ciudadanos, se ha anunciado con bombos y platillos que la Alcaldía ha decidido “sacrificarse y aceptar una rebaja en los impuestos”. Las nuevas tarifas van desde un mínimo de 49% hasta un máximo de 78%, porcentajes que siguen siendo relativamente altos.
Los medios de comunicación, sumándose a la campaña, han anunciado con mucha visibilidad y vehemencia que se ha logrado una rebaja importante en el impuesto vial, cuando en realidad lo que ha sucedido es que se ha reducido el aumento desmedido aprobado inicialmente por la Alcaldía.
Estamos ante una vieja estratagema política, es decir aprobar fuertes e indefendibles aumentos en las tasas e impuestos, para luego calmar y lograr la aceptación de la población aprobando modificaciones que básicamente dejan el incremento en el porcentaje buscado desde el inicio por las autoridades.
Sin embargo, en esta ocasión no creímos que nuestro actual alcalde recurriría a esta burda maniobra, siendo que él no es considerado parte de los políticos tradicionales, muchos de los cuales no gozan de la confianza ni la credibilidad de una gran parte de la ciudadanía.
También es justo reconocer que se han hecho muchas obras de infraestructura que han mejorado la circulación en la ciudad capital y que en términos generales, el aumento en la tasa vial municipal es aceptado por la mayoría de los capitalinos, pero nunca en esos altos porcentajes.
Y para complicar más el panorama, el gremio del transporte inició negociaciones con el gobierno para lograr un reajuste a las tarifas que cobran a los usuarios. En medio de la negociación y en un golpe magistral, los dirigentes abandonaron el tema de las tarifas y están solicitando que el gobierno reduzca el impuesto al combustible, el cual es un componente importante en el costo del mismo.
Es evidente que un aumento de tarifas no es bien visto por la población, pero sí muchos estarán de acuerdo en una rebaja en el precio del combustible, que en teoría sería de beneficio para todos.
El nudo gordiano es que los ingresos del impuesto al combustible son de gran magnitud y si se pierden, las opciones serían reducir el gasto público o compensar con nuevos ingresos, lo cual parece cuesta arriba.
Por otro lado, independientemente de si las demandas de los transportistas son correctas o no, sus acciones de protesta deberían ser tomadas sin afectar los derechos del resto de los ciudadanos.
Lo que hemos visto son arterias vitales donde no se puede transitar porque los taxistas han atravesado sus unidades para impedir la libre circulación de otros vehículos.
La Constitución de la República es muy clara, cuando en su artículo 70 ordena que todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y en su artículo 81 manda que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanece en el territorio nacional.
Estas medidas de presión y de violación de los derechos de los demás afecta no solo la actividad económica, sino que también a personas de todos los estratos sociales —trabajadores, vendedores, estudiantes, enfermos, etc. — que tienen que movilizarse por la ciudad para llevar a cabo sus actividades y muchos tienen que caminar durante varias horas para llegar a su destino.
Situaciones como las anteriores pueden ser el detonante que sumerja a nuestro país en una crisis similar a la que estamos viendo en nuestro hermano país de Nicaragua.
Los hondureños tenemos que buscar soluciones con espíritu constructivo y que sean de beneficio para todos. El gobierno, los transportistas y todos los sectores que participan en la búsqueda de una solución deben hacerlo con espíritu constructivo y bajo la premisa de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
No hay que jugar con fuego: ¿aumento o rebaja de impuesto?
Arturo Alvarado Sánchez
Ex Ministro de Finanzas