Radio América. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) este lunes ha decidido ampliar el requerimiento fiscal en el caso conocido como “Pacto de Impunidad”.
La acción está dirigida contra los diputados nacionalistas César Antonio Rivera Callejas y Sara Medina, acusados por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos y el delito contra la forma de gobierno en prejuicios de la seguridad interior del estado de Honduras.
Fue en apoyo de expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) que autoridades presentaron ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia dicha ampliación.
Amplían requerimiento
Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados del Congreso Nacional José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
Con esto se busca acreditar o desestimar que los requeridos aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos en el caso denominado “Red de Diputados”.
Ese movimiento en el Pleno del Congreso el pasado 18 de enero, según señalamientos, habría sido con el propósito también de evitar investigaciones a futuro por similares hechos.
«Red de Diputados»
El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la UFECIC presentó requerimiento fiscal en el caso “Red de Diputados» contra los congresistas Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández.
De igual forma contra Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres cómplices por el delito de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondo sociales en el que por medio de ONG’ se habría desvíado alrededor de 8 millones de lempiras.
En la fecha antes mecionada (18 de enero) el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017, en dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios.
Los detalles
En ese sentido el 24 de enero de 2018 la Corte decidió suspender el caso conocido como “Red de Diputados” hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolle las investigaciones en un plazo de tres años contra los acusados de la MACCIH.
Por lo tanto no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos de malversación de caudales públicos.
El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, indica hoy un comunicado de la MACCIH, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional.
Esa autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso.
Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un acto premeditado.