Radio América. El Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística ni criminalizarla con el artículo 335-B del Código Penal, señaló hoy María Soledad Pazo, representante del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Para la funcionara el artículo de reforma contra el terrorismo podría ser indebidamente utilizado para limitar la transmisión de información afectando directamente el periodismo en Honduras y su principal derecho de libre emisión del pensamiento.
“Desde la oficina del alto Comisionado mantenemos y reforzamos las recomendaciones que emitimos en febrero junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría de libertad de expresión”, manifestó.
“El Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística sobre actos o amenazas del terrorismo, a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia o exista una conexión directa”, agregó.
A su consideración, el 335-B «puede ser indebidamente utilizada para limitar actividades legítimas de protesta y transmisión de información, afectando especialmente a periodistas, defensores de los derechos humanos y oposición política”.
La determinación aprobada por el Congreso de la República y puesta en vigencia “podría ser arbitraria al ser amplia, vaga o ambigua”, indicó, a la espera de un consenso a fin de un estado democrático.
El Congreso hondureño se negó a derogar una reforma del Código Penal que despertó críticas por castigar con cárcel de 4 a 8 años a quienes «hagan apología» del terrorismo.
La norma fue aprobada el 22 de febrero por el Congreso, dentro de un controvertido paquete de reformas penales.
HRMH
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