Alianza contra la dictadura … imaginaria
Nombre sonoro, pero igual pudo llamarse Alianza contra la democracia; pues Pinu fue partido democrático y Libre simplemente un partido enquistado en Honduras, a expensas del Partido Liberal, por acuerdo político entre Pepe Lobo y Mel Zelaya.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a la Alianza de Oposición contra la dictadura -desoyendo objeciones de Alianza Patriótica- desvaneciendo el mito de la “dictadura”.
Desde septiembre, 2017 la Alianza invocó un imaginario fraude electoral y atacó sistemáticamente al TSE, convencida de que solo podría ganar si el nacionalismo no acudía a las urnas, diseñando un plan para intimidar a los nacionalistas en la capital.
En esa operación asesinaron el 7 de noviembre al dirigente de la colonia 21 de Octubre Mauricio Reiniery Gonzáles, mártir de la democracia y del Partido Nacional. Frente a su casa y ante su familia “según testigos, los criminales llegaron a la vivienda y sin mediar palabras atacaron al líder nacionalista a balazos”, (LA TRIBUNA, 7-11-2017), quien dejó esposa embarazada y 2 hijos. Esas intimidaciones se repitieron en las colonias capitalinas.
El Partido Liberal, por su parte, demandó al TSE que cambiara a Mapa Soluciones por otra empresa que transmitiría los datos electorales y el TSE la sustituyó por Dale Vucanovich, acción propia de un tribunal tolerante, pero extraña a una “dictadura”, aunque sea imaginaria.
El candidato de la Alianza al escrutarse el 57% de los votos, se proclamó victorioso. En ese momento, desapareció para la Alianza el fantasma del fraude electoral.
Cuando los resultados se revirtieron -algo parecido a lo acontecido en la reciente elección senatorial en Alabama- resucitaron el fantasma del fraude e iniciaron protestas, incendios (centro comercial de Choloma, Museo del Hombre Hondureño, alcaldías municipales, peajes, postas policiales, y últimamente Hotel Marriott); tres agentes del orden asesinados (uno con bomba molotov) 118 lesionados, hombres y mujeres (anote y divulgue la ONU, que Honduras es estado fundador); saqueos, daños al COHEP, la Iglesia Adventista, a transeúntes en vehículos privados y un largo etc., en fin, acciones delictivas propias de mercenarios terroristas. Pero los dirigentes de la “Alianza contra la dictadura” demandaron que se liberara a los incendiarios, aunque sostenían que solo eran “infiltrados”.
Ante los actos vandálicos, el gobierno, decretó un estado de excepción flexible, que en poco tiempo se fue reduciendo en el territorio afectado y finalmente se suspendió.
En las tomas de calles y carreteras, la autoridad cumplió con protocolos internacionales, habló con los manifestantes, intimándolos a que respetaran el derecho humano de libre circulación, dándoles un plazo razonable para desistir de las tomas y solo ante su negativa y la comisión de actos vandálicos se procedió al desalojo.
En contraste, sabido es que en el Cono Sur del continente, una protesta violenta la disuelven en 5 minutos. O como pregonaba un exgobernante suramericano echándoles gas para disolver cualquier guarimba…
En Honduras la protesta es un derecho, cuando hay motivo y se respeta el derecho humano a la libre circulación; cuando no hay motivo, es un abuso del derecho y conculcación del derecho humano de libre circulación.
En España, ante la declaración de independencia catalana, se dictó orden de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus ministros por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad.
Aquí, en la “dictadura” imaginaria, no hay requerimiento fiscal contra los incitadores de los delitos de sedición, rebelión, terrorismo e insurrección en el intento de la toma por la fuerza del país, del Estado y su gobierno.
Debido al vandalismo, los bienes públicos y privados han sufrido cuantiosos daños. Alguien tiene que indemnizar. Posible que, en parte, las aseguradoras pero estas, al final, repiten contra los autores intelectuales, embargando cuentas personales y la deuda política.
En el caso de los bienes públicos, hasta hoy no hay acción punitiva de la “dictadura” imaginaria.
Al final, el excandidato presidencial Salvador Nasrralla afirmó en CNN en español que un gobernante “narco, corrupto y ladrón” le había robado la Presidencia. Acusaciones temerarias que podrían generar querellas por calumnias e injurias en tribunales de Estados Unidos y Honduras. Nótese que con mucho acierto dice don Juan Ramón Martínez que la Alianza, de las tres elecciones que tuvimos el 26-N, acepta dos y rechaza una; y, en efecto, los alcaldes, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano electos ya recogen sus credenciales del TSE.
Por otro lado, don Benjamín Santos en un artículo con depurado análisis jurídico concluye que el llamamiento a la insurrección por los señores Nasrralla y Zelaya, ciudadanos privados, es un acto “ilegal”; y, en consecuencia, puede generar responsabilidad civil y penal.
Recapitulemos: la dictadura de verdad la intentó Manuel Zelaya en el 2009, confrontando a Roberto Micheletti que se lo impidió. El fraude real con que ganó Manuel Zelaya la Presidencia en el 2005, se lo confesó al periodista Esdras Amado López, declaración verificable en YouTube.
¿Qué costo tiene acusar a un gobierno de “dictadura” y de “robar elecciones”? Si es político, basta con decirlo. De tanto repetirlo, algunos lo creerán, otros tendrán dudas.
Lo más valioso que se rescata de la elección 2017 es que por primera vez se cuentan todas las actas. Antes, la Presidencia se decidía en muchos casos por encuestas a boca de urna y a base de presión mediática.