Radio América. El Congreso Nacional aprobó este viernes, por disposición del Gobierno, la derogación del decreto PCM-048-2012 del contrato de concesión del Corredor Turístico que comprende la rehabilitación de los tramos La Barca -EL Progreso, San Pedro Sula – El Progreso, El Progreso – Tela y Tela – La Ceiba.
La iniciativa del acuerdo de término anticipado del contrato de concesión del Corredor Turístico fue remitido por el Poder Ejecutivo al Legislativo y se dispensaron dos debates para aprobar esa cancelación.
La secretaría de Infraestructura y Servicios Públicas (INSEP) adjudicó el proyecto el 7 de diciembre de 2012 a la concesionaria Autopistas del Atlántico S.A DE c.V (ADASA), por un plazo de 30 años, la ejecución de la obra sería en 51 meses y con un monto de inversión por 268,860,109 millones de dólares. El Congreso aprobó la concesión el 18 de diciembre de 2012.
El pago por los trabajos realizados iban a ser pagado mediante los ingresos recibidos por el cobro del peaje, cuyas casetas fueron destruidas durante manifestaciones en años anteriores, específicamente las que están a la altura del municipio San Manuel, Cortés.
Abandono del proyecto
El diputado por el departamento de Yoro, Gabriel Rubí, dijo que la concesionaria «dejó abandonado» el proyecto y debido a eso muchos hondureños perdieron la vida por accidentes de tránsito, porque las carreteras quedaron en mal estado.
Además, quedó abandonado en 90 por ciento el proyecto del puente sobre el Río Humuya, puente La Democracia, manifestó Rubí.
El legislador indicó que «de manera ilógica» se estaba cobrando peaje entre San Manuel y El Progreso por una autopista que se construye entre La Barca y Tela, y «todo esto conllevó a que la concesionaria perdiera el financiamiento internacional de bancos en Estados Unidos y otros países porque el proyecto no era socialmente viable».
El proyecto del Corredor Turístico continuará realizándose con fondos directos del Gobierno, afirmó Rubí.
Agregó que mediante un arbitraje internacional se arrojará las responsabilidades tanto para el Estado de Honduras como para la concesionaria Autopistas del Atlántico, ante la cancelación del contrato.
«Lo que puedo ver es que la concesionaria abandonó la construcción porque perdió el financiamiento internacional, entonces remos a defender como país cualquier repercusión que se pueda tener por el incumplimiento de esta transnacional», puntualizó.
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