(AFP) Miles de indígenas guatemaltecos bloquearon este lunes tres importantes pasos en carreteras al oeste del país, para exigir al gobierno la renovación del mandato de una misión anticorrupción de la ONU y permitir el retorno al país de su jefe, el exjuez colombiano Iván Velásquez.
Los bloqueos, convocados por la Municipalidad Indígena del departamento de Sololá, son parte de una serie de manifestaciones anunciadas por organizaciones sociales a nivel nacional, en rechazo a la decisión del presidente, Jimmy Morales, de poner fin en 2019 a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente clave en la lucha contra la corrupción.
«Que siga la Cicig» y «Sí a la renovación de la Cicig», eran las leyendas repetidas en la mayoría de pancartas que portaban los indígenas, que también exigieron la renuncia de Morales.
Imágenes de la prensa local mostraban la concentración masiva, principalmente en el cruce carretero llamado Los Encuentros, en Sololá, a unos 65 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.
El presidente guatemalteco anunció recientemente que no pedirá la extensión de la vigencia de la Cicig, como ha ocurrido cada dos años desde 2009.
Así, el ente terminará su actual mandato en septiembre de 2019, contradiciendo la promesa de campaña que había hecho Morales, de otorgar un nuevo mandato a la Cicig, hasta 2021.
Luego, el gobierno prohibió el regreso al país de Velásquez, quien se encontraba en una gira de trabajo en Estados Unidos, al considerar que el exjuez constituye una amenaza a la seguridad pública.
Ambas decisiones fueron posteriores a que Velásquez y la nueva fiscal, Consuelo Porras, pidieran quitar la inmunidad a Morales para investigarlo por sospechas de finanzas ilegales en el partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.
«El pueblo exige prorrogar el plazo (de la Cicig) para seguir desarticulando la corrupción en las diferentes dependencias del Estado», señaló la municipalidad indígena en un comunicado.
En los próximos días, otras organizaciones campesinas, indígenas y universitarios bloquearán otras carreteras y realizarán protestas en la capital contra las polémicas decisiones de Morales, que han sido rechazadas de varios países cooperantes.
Estados Unidos ha sido una excepción, al respaldar al gobierno y abogar «por una Cicig reformada».
La Cicig funciona desde 2007 y ha participado en la investigación de importantes casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.
Uno de los casos emblemáticos tuvo lugar en 2015, con la revelación de un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.