(AFP) El hondureño Rolando Bueso y su mujer Adalicia sufren por los problemas estomacales y el sonambulismo de su hijo de 16 meses, secuelas según ellos de la separación en centros de detención tras intentar entrar a Estados Unidos ilegalmente.
Los migrantes se toparon con la determinación del gobierno de Donald Trump de ejercer un control más estricto en la frontera y poner fin al ingreso ilegal de personas a Estados Unidos.
«Todo lo que le damos de comer (al niño) le cae mal y se levanta sonámbulo en las noches», asegura a la AFP Adalicia, de 21 años y con un embarazo de ocho meses, en su modesta vivienda en la comunidad de La Libertad, unos 100 km al norte de Tegucigalpa.
– Sueño truncado –
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Ayudado por un «coyote» al que pagó 6.000 dólares, Rolando, de 37 años, logró entrar con su hijo de diez meses, Johan, a Estados Unidos, cruzando México por el lado de Reynosa, pero miembros de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en McAllen, Texas, el 17 de marzo pasado.
Cinco días después Johan fue trasladado a un albergue en Arizona. A Rolando lo dejaron en Texas y no volvió a saber de su hijo mientras estuvo preso. Lo mismo le pasó a muchos de los más de mil detenidos que estaban con él, que habían sido separados de sus hijos, lamentó.
Como resultado de la política de «tolerancia cero», cerca de 2.000 niños procedentes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras fueron separados de sus padres entre el 19 de abril y el 31 de mayo, llevándolos respectivamente a centros de detención y albergues en diferentes Estados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos explicó que «de acuerdo con los requisitos para proteger a los niños bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico (TVPRA), hay casos en que un niño puede separarse de un adulto/padre únicamente por el bienestar del niño y no por la política de tolerancia cero».
«La separación es una posibilidad bajo circunstancias exigentes para proteger al niño y asegurar el bienestar del niño y no es atribuible a la tolerancia cero», sostuvo esa entidad, que agregó que se aplica en casos en que el padre o tutor represente un peligro para el niño, tenga un historial criminal, una enfermedad contagiosa, un reclamo por tutela fraudulenta de tutela o por contrabandear narcóticos u otra actividad delictiva.
La cancillería hondureña tenía hasta el 10 de agosto un registro de 146 niños reunificados y faltaban 313 por reunir con sus padres. La organización no gubernamental Casa Alianza contabilizaba en mayo mil niños hondureños separados.
Rolando reconoció que lo deportaron el 5 de abril y su hijo llegó a San Pedro Sula, norte del país, el 20 de julio.
En esos meses de separación, Johan pasó de tener dos dientes a casi toda la dentadura, dio sus primeros pasos y pronunció su primera palabra: ‘Agua’. «Nos perdimos eso», lamenta Adalicia.
Al niño «lo mandaron sin papeles, le perdieron la partida de nacimiento y el carnet de vacunas… ahora no hallamos cómo hacer para ponerle con las vacunas», se quejó la mujer.
– Refugiados económicos –
Johan «puede tener secuelas de por vida», lamenta Rolando mientras el niño juega con un gato blanco y negro que llaman «Rufino».
Rolando reconoció que era la cuarta vez que lo deportaban y que por ello lo trataron como «delincuente», y dijo que no volverá a intentar el «sueño americano» porque las autoridades estadounidenses «son demasiado groseras».
Intentaba seguir los pasos de sus hermanos, Adrián, de 30, y Riccy Mabel, de 24, que viven en Maryland.

La casa donde vive Rolando es de Adrián, tiene tres piezas construidas de bloques de concreto y zinc, incluyendo la sala comedor y dos dormitorios. También su hermano le dio los 6.000 dólares para el «coyote».
Rolando trabaja como ayudante de autobús de la ruta La Libertad-San Pedro Sula. Cuando más gana, recibe ocho dólares al día, mientras un obrero en Estados Unidos devenga diez dólares la hora.
«Yo ya no me voy a ir pero por muchos muros que hagan la gente siempre se les va a meter porque busca cómo sobrevivir», argumenta.
