Radio América. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó este viernes una visita in loco a Honduras, donde observó la situación humanitaria del país, especialmente luego de la crisis política desatada con la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
«La Comisión ha observado asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes. A partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña, y cuyas repercusiones persisten», indica en parte el informe de la CIDH.
Agrega que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho.
Ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales, agrega.
La Comisión Interamericana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales; con representantes y organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, organismos internacionales, académicos, periodistas y sector privado.
Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
La CIDH realizó visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; y visitó varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
Recomendaciones de la CIDH a Honduras
Son 25 recomendaciones hechas por la CIDH al Estado de Honduras, entre estas: Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, muertes, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones.
También elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial.
Revisar la legislación nacional eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas.
Fortalecer la Fiscalía de Derechos contra la Vida, dotarla de protocolos, de personal suficiente y presupuesto adecuado para combatir la impunidad de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
Implementar políticas públicas que aborden las necesidades de los pueblos en la Moskitia, en particular, la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza y mejoren la educación, el empleo y la salud.
Informe y recomendaciones de la Corte Interamericana de DDHH
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