Un grupo de ciudadanos autoconvocados se reúnen en Camino de Oriente para protestar contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que, entre otras medidas, aumenta el aporte de trabajadores y empleadores, achica las futuras pensiones y crea un tributo ilegal a las pensiones del cinco por ciento.
Turbas orteguistas y la Juventud Sandinista han llegado a agredir a las personas que llegaron a manifestarse.
Jubilados, empresarios y universitarios protestaron este miércoles en Nicaragua contra un polémico paquete de reformas al sistema de pensiones impulsado por el gobierno, que los manifestantes calificaron ilegal e inhumana.
«Ladrones» y «el pueblo unido jamás será vencido», coreaban jóvenes y jubilados que enfrentaban la tarde de este miércoles a grupos movilizados por el gobierno para apoyar la medida en Managua.
Las manifestaciones de descontento a lo largo del día dejaron personas golpeadas, incluyendo periodistas, por escaramuzas entre los bandos.
El fotógrafo Alfredo Zúñiga, colaborador de AFP, relató que fue agredido por jóvenes afines al gobierno, quienes destruyeron comercios en el este de Managua.
Entre los sectores que rechazan la reforma destacan pensionados, universitarios y grupos opositores que acusan al gobierno de golpear a los sectores más vulnerables.
La vicepresidenta Rosario Murillo recordó que la decisión se hizo «tomando en cuenta el bien de todos».
La reforma no modifica la edad de 60 años para jubilarse, aunque aumenta de forma gradual la cuota patronal, de 19% en la actualidad hasta 22,5% en 2020.
La cuota para los trabajadores aumentará de 6,25 a 7% y deducirá 5% del monto de la pensión de los jubilados para atención médica.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un aliado del gobierno en los últimos 11 años, rechazó el proyecto.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió a su vez que la reforma provocará «despidos y más desempleo» y proyecta que unos 200 millones de dólares dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una desaceleración del consumo y mayor informalidad.
Funides, un centro de pensamiento de políticas económicas y sociales, acusó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de atribuirse funciones legislativas al modificar los aportes que recibe.
El presidente del INSS, Roberto López, justificó que la medida es necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por un período de 10 años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno efectuar reformas a esa entidad, entre las que sugería aumentar la edad de jubilación y las semanas cotizadas a lo que el gobierno y sindicatos afines se oponen.
© Agence France-Presse y La prensa Nicaragua.
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