Por: Arturo Alvarado Sánchez
El Tribunal Supremo Electoral ya realizó la convocatoria a elecciones generales, con lo cual también se dio inicio oficial al período de campaña electoral. Sin embargo, todavía no existe la certeza de cuántos partidos políticos participarán en la contienda de noviembre ni quiénes serán los candidatos que estarán participando por cada partido político, pues la conformación de alianzas partidarias y las negociaciones que a estas alturas aún continúan han vuelto más compleja la integración de las planillas de candidatos, especialmente en lo que corresponde a diputados y alcaldes.
Pareciera que en esta ocasión la contienda estará concentrada en tres fuerzas políticas, el Partido Nacional actualmente en el poder, el Partido Liberal y la alianza entre el Partido Libre y el Partido Innovación y Unidad, siendo los candidatos para presidente el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández; Luis Zelaya, que no cuenta con mayor experiencia política pero sí con excelente currículo académico, y Salvador Nasralla, exlíder del Partido Anticorrupción, respectivamente. Muchos entendidos en la materia dan casi por seguro que el Partido Nacional será el próximo ganador, considerando que este partido está bien organizado y cuenta con ingentes recursos económicos y logísticos, como consecuencia lógica de ostentar el poder en la actualidad. Sin embargo, otros expertos en política anticipan que en el país existe un fuerte número de hondureños que están indecisos sobre el candidato a quien le darán voto para presidente y se debaten en la duda de si la reelección presidencial viola o no la Constitución de la República, independientemente del cuestionado fallo que en su momento emitió la Sala de lo Constitucional. Para atraer ese voto indeciso, los candidatos deben esforzarse por presentar agendas de gobierno objetivas y creíbles que demuestren cómo enfrentarán los temas de mayor interés para los electores, como la creación de empleo, combate a la delincuencia común y el crimen organizado, las mejoras en los servicios de educación y salud, y el combate frontal a la corrupción y la impunidad. De igual importancia, las acciones para lograr que la economía dinamice aún más su ritmo de crecimiento con estabilidad macro y un uso transparente y focalizado de los recursos públicos.
Los hondureños esperamos una campaña transparente y propositiva, explicando con detenimiento los programas y proyectos que impulsarán de llegar a la presidencia. De igual forma, esperamos que sea una campaña sin ventajismos, en especial porque por primera vez en Honduras tenemos un candidato que al mismo tiempo ostenta la Presidencia de la República y esto, quiérase o no, concede enormes ventajas, no solo económicas.
Para lograr un proceso electoral creíble y transparente es preciso que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actúe con profesionalismo e imparcialidad, como un garante de la integridad y legitimidad de las elecciones. Lo anterior incluye la ciudadanización de las mesas electorales, la seguridad y confianza en los sistemas de cómputo, la validez y el conteo de los votos e igualmente la recolección de las papeletas de voto.
Para evitar zozobras y dudas, fundadas o infundadas, se debe mantener debidamente informada a la ciudadanía, ya que el acceso irrestricto a la información es un derecho político electoral que permite a los ciudadanos conocer y evaluar el actuar de los partidos políticos, del mismo tribunal electoral y de los encargados de vigilar que el proceso se desarrolle en armonía. El TSE y de los encargados de vigilar que el proceso se desarrolle en armonía. El TSE debe mantener un proceso fluido de información durante la contienda y a su finalización.
Por otra parte, la credibilidad y transparencia van de la mano con la fiscalización y la apertura. Todos los partidos políticos están en la obligación de cumplir fielmente con la nueva Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, a pesar que hay algunos aspectos de la misma que no llenan nuestras expectativas. Los ciudadanos debemos exigir lo anterior y sancionar a los partidos y candidatos que vayan en contra de la rendición de cuentas ciudadana. Este es un principio fundamental para evitar el abuso de los recursos públicos y los compromisos políticos y económicos, a cambio de las contribuciones económicas.
Para cerrar, cito una frase a tono con el tema: “Si no votas no tienes derecho a quejarte, me decían los que ahora, en el poder, me recriminan porque me quejo”.