Radio América. El Estado hondureño paga al menos 300 millones de lempiras anuales en concepto de indemnizaciones laborales por sentencias emitidas de los Juzgados de lo Laboral y Contencioso Administrativo, informó este viernes el procurador general de la República, Abraham Alvarenga.
Son al menos 3.500 demandas que enfrenta el Estado y la mayoría presentadas por empleados públicos que reclaman derechos laborales, reintegro por derechos de personal, de orden civil y, al menos 1500 por de demandas de repetición, de ejecución por pliegos de ejecución, por pliegos de responsabilidad admitidos por el Tribunal Superior de Cuentas o multas interpuestas por instituciones públicas que corresponde a la PGR ejecutar, dijo Alvarenga.
Sin embargo, el procurador asegura que el fortalecimiento institucional para evitar juicios «ahora es visible» porque cada caso va sustentado en los juzgados, cortes de apelaciones y presentación de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero, cuando existe algún grado de responsabilidad de un funcionario público por no apegarse a la ley y afecta a terceros es cuando un juez toma sus decisiones y debe el Estado cumplir con determinada sentencia.
Alvarenga aseguró que los profesionales del derecho que trabajan en el sector público son capacitados permanentemente para que actúen de forma responsable en la toma de decisiones del ente al que representan.
MH
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