El gobierno estadounidense amplió extensamente el lunes el alcance de una política que prohíbe la asistencia financiera a grupos extranjeros que practiquen o proporcionen información sobre el aborto, una decisión que para los críticos afectará el acceso de las mujeres a vital cuidado de salud.
Bajo la nueva política, los US$8.800 millones de dólares del presupuesto de asistencia nacional para una serie de programas de lucha contra el VIH-SIDA, malaria y la salud materna e infantil estarán sujetos a la llamada norma de Ciudad de México.
Establecida en 1984, la política prohíbe el financiamiento fiscal para servicios de planificación familiar por parte de clínicas o grupos extranjeros que ofrecen servicios de aborto o discuten el procedimiento, incluso si los fondos para esas actividades provienen de fuentes privadas.
La regulación anteriormente se aplicaba a unos US$600 millones de dólares de los fondos fiscales.
Desde que fue anunciada, la norma de Ciudad de México ha sido rutinariamente rescindida por los gobiernos demócratas y restablecida bajo los republicanos, y ha sido usada por los presidentes para marcar su posición en cuanto al derecho al aborto.
Críticos de la política la llaman la «ley global del silencio», y dicen que perjudica a las mujeres más vulnerables del mundo que dependen de los grupos humanitarios para atender su salud. Incluso cuando la política de Ciudad de México no está activada la ley federal estadounidense prohíbe el uso de fondos fiscales para el aborto en el extranjero.
El presidente Donald Trump, un republicano, restauró la regulación en enero poco después de asumir el cargo, pero además solicitó a las agencias gubernamentales preparar un plan para aplicar la política a «toda asistencia de salud global de todos los departamentos y agencias del gobierno estadounidense».
Fuente: VoaNoticias
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