Por Noe LEIVA
El gremio de periodistas de Honduras se enfrenta al gobierno en los tribunales de justicia para repeler una ley que, a su juicio, expone a los comunicadores a ser condenados por «apología al terrorismo», según una reforma penal recién aprobada.
«Vamos a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo. La opción es agotar el derecho interno y luego ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» para que se derogue la ley, afirmó a la AFP el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez.
A petición del presidente Juan Orlando Hernández, el Congreso aprobó el 22 de febrero reformas legislativas para aumentar las penas a la criminalidad, que tiene a Honduras con las tasas de homicidios más elevadas del mundo.
Sorpresivamente, el legislativo incluyó una reforma al artículo 335 del Código Penal que encendió las alarmas entre los periodistas.
«Quien públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología e incitación a actos de terrorismo (…) será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión», reza el artículo.
Rodríguez se reunió con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, quien prometió revisar el artículo.
La abogada del no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Kenia Oliva, interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la norma.
– Ilegal aprobación –
La aprobación «fue ilegal porque se hizo mediante un agregado al acta de la sesión, o sea que el artículo no fue sometido a discusión ni a votación de los diputados», explicó Kenia Oliva a la AFP.
El presidente Hernández opinó que a ningún periodista se le debe limitar en su ejercicio, pero agregó que «no es lo mismo que un medio informe que ocurrió un hecho (…) a utilizar el medio con frases u opiniones que promuevan que se siga haciendo» ese tipo de acciones.
El martes pasado, Rodríguez y otros directivos del CPH sostuvieron otra reunión con el diputado, quien propuso una nueva redacción para suprimir las palabras «medios de comunicación y difusión» y agregando que «no incurre en delito quien se limita a transmitir información aunque esta, por su contenido, se refiera el delito de terrorismo».
El legislador se quejó de que en la reunión con los miembros del CPH no hubo diálogo porque ellos «ya venían con una decisión unánime de pedir una revocación del artículo, que se reservaban el derecho de ir en amparo».
Rodríguez dijo que la nueva redacción deja abiertas las posibilidades de acusaciones contra los periodistas.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, manifestó su apoyo al CPH y abogó «por que no haya censura previa ni restricciones indebidas a la libertad de expresión».
La oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), María Soledad Pazo, dijo en un pronunciamiento que «el Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística sobre actos o amenazas de terrorismo», a menos que «tenga la intención de incitar a la violencia».
La ola de criminalidad en Honduras golpea también a los periodistas. Un total de 69 periodistas y empleados y dueños de medios de comunicación han sido asesinados desde 2003 y solo cuatro casos han llegado a la justicia.
En un testimonio que rindió el pasado 6 de marzo en una corte de Nueva York, el miembro del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, confesó 78 asesinatos, entre ellos dos periodistas. AFP
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