Radio América. El procurador de la República de Honduras. Abraham Alvarenga, dijo este miércoles que el Estado deberá pagar 900 mil dólares a los magistrados de la Corte de Apelaciones que fueron suspendidos en el año 2010, en cumplimiento a una sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda resolver a favor de los jueces afectados.
«El pago de indemnizaciones materiales y por daño moral asciende alrededor de los 900 mil dólares y corresponde a la Corte Suprema de Justicia hacer la ejecución de la misma cuando ellos tengan la provisión presupuestaria para hacer frente a este compromiso internacional del Estado», expresó.
Alvarenga manifestó que lo prudente es que el Poder Judicial cumpla con la sentencia de la CIDH en el plazo establecido, pero que dependerá del presupuesto que ese poder tenga, esto al ser consultado si el pago será de una vez o parcial.
En otro tema, Alvarenga dijo que el Estado tiene al menos 3 mil demandas contra el Estado en un término de 10 años, por un total de unos siete mil millones de lempiras por diferentes motivos.
MH
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