Al fin se destapó la olla y toda su porquería; además de oler mal, por el efecto abanico pringa de materia fecal a tirios y troyanos. Los políticos responsables de semejante desastre se hacen los locos, fingiendo sorpresa ante la realidad que revela su incapacidad.
Honduras no tiene una Política Criminal del Estado, principalmente porque ninguno de los que han ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo, me atrevo a decirlo, ha querido formularla, salvándose uno por la brevedad de su mandato.
Estos de ahora, los del 14 en adelante, para deslindar responsabilidades adecuadamente sigo el ejemplo de Ramón Cantaliso de don Rómulo Gallegos, quien lo hizo cantar liso para que lo entendieran bien, padecen del delirio para fabricar un prócer, hechizo porque no ha nacido ninguno. Por ese delirio, repito, han mezclado lo inmiscible al confundir la integridad territorial con la seguridad pública, con esa cosa que llaman Policía Militar de Orden Constitucional y otras tonterías e idioteces. Exponiendo a las Fuerzas Armadas a repetir la pésima experiencia de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), tan corrupta como la Policía actual y nos expone a perder lo ganado por la profesionalización de ellas, por esa política chanfaina, para darle un nombre al absurdo.
Esa creación es un acto doloso, porque lo que hacen viola la Constitución de la República, que prohíbe no solo la reelección presidencial sino también la usurpación de los otros Poderes del Estado, sometidos a la voluntad de uno que no es –aunque se crea- soberano. Es un ciudadano investido de la titularidad de la Presidencia de la República y punto, sin contrapunto y por solo cuatro años, cuya principal obra ha sido unificarnos a todos los que nos oponemos, de buena fe patriótica y con mucha cordura, a la militarización de la seguridad pública y a su reelección.
Por consumismo aquí se impone la moda hasta en la política. Así, los últimos gobiernos han impuesto la moda de la intervención institucional, mediante Comisiones Especiales cuyos miembros gozan de la confianza del Presidente de la República.
Razón para crear la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, que ha emitido ya cuatro comunicados. Comentamos uno solo, en el que se reporta como desaparecido el expediente del General de Policía Juan Carlos Bonilla, así su caso está pendiente de una resolución, pero en forma tal que casi se le está acusando de haberlo sustraído, y que él es tan corrupto y asesino, como los que ya son de público conocimiento.
Por la verdad histórica me veo obligado a intervenir, para que la opinión pública no sea víctima de una maniobra de desinformación o tergiversación mal intencionada, constitutiva de delito.
Como Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, pidió todos los expedientes, incluido el del General Juan Carlos Bonilla, a quien se lo mostró informatizado cuando éste le visitó en Ingeniería Gerencial. En la Policía Nacional debe estar registrada la entrega de esa información institucional y oficial al señor mencionado. Es lo que debió informar el señor Director de Policía, Félix Villanueva, a sus temporales superiores.
Los 3 principios de Buda en cuanto a la verdad: ¿Es verdad? ¿Es necesario decirla? ¿Qué bien hago al decirla?
Es verdad -mientras Arturo Corrales Álvarez no pruebe lo contrario- y mientras La Comisión Especial no le exija la entrega de ese expediente en forma amable o perentoria, porque es un documento público sustraído ilegalmente, mientras no se pruebe lo contrario, y es necesario decirla por el bien común.
Ramón Custodio