Radio América. Ante publicaciones realizadas por el periódico New York Times, donde se detalla que altos oficiales policiales ordenaron y planificaron la muerte del zar antidrogas Arístides Gonzáles y del asesor en materia de seguridad Alfredo Landaverde, el analista Raúl Pineda, dice que el Ministerio Público (MP), tiene la obligación de corroborar la certeza de los informes que aparecen en las mencionadas publicaciones.
Acto seguido agrega, que el Poder Judicial debe asegurarse que existan las evidencias probatorias del delito, así como el indicio racional de la participación del imputado para decretar un acto de formal procesamiento. «El papel de la Maccih podría servir como un colaborador para fortalecer criterios técnicos para desarrollar la investigación que debe efectuar el MP, en la toma de declaraciones de personas señaladas en asesinato de Gonzáles, enfrenten la justicia de manera eficaz», arguyó, el experto.
En cuanto si se debe convocar a exministros de Seguridad que la parecer estuvieron involucrados en el narcotráfico y crimen organizado Pineda asegura, «por supuesto y esta situación desencadenará otras investigaciones y seguramente con declaraciones de un oficial de policía que señala que funcionarios de alto nivel estaban involucrados en acto ilegales obliga a llamar al informante para dar elementos probatorios de ese tipo».
Asimismo, Pineda manifiesta que se debe llamar a los funcionario señalados como responsables de cometer actividades ilícitas a fin de que la sociedad hondureña quede satisfecha en el deseo de reivindicación de la justicia en tales casos ocurridos.
Carlos Núñez
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