Por Miguel A. Cálix Martínez
Entre Paréntesis
CÁLCULO Y LIGEREZA
-Voceros republicanos anunciaron, luego de la muerte repentina del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Antonin Scalia, que el Presidente B. Obama debería abstenerse de nominar sustituto y dejar que fuera su sucesor quien lo hiciera.
Aunque constitucionalmente le corresponde a este último, la postura de la mayoría republicana en el Senado -responsable de confirmar al elegido- no solo demostró su peso real en el ese país, sino que dejó en evidencia los juegos de poder que se dan en el veterano sistema de pesos y contrapesos norteamericano.
Con equilibrio de posturas conservadoras y liberales para la toma de decisiones entre los ocho magistrados que sobreviven a Scalia (cuatro a cuatro), la elección del nuevo integrante resulta clave, por el rol fundamental de control de la constitucionalidad y los históricos debates que suelen llegar a conocimiento de la Corte (recuérdense decisiones sobre la inconstitucionalidad de la segregación escolar de 1954, el derecho de las mujeres a abortar en 1973, o la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2015).
Más allá del cálculo político norteamericano, no hay duda que la selección de los integrantes del máximo tribunal de allá no es un hecho que los legisladores norteamericanos se toman a la ligera.
Es muy probable que, en los próximos años, ese órgano decida sobre los alcances de las medidas migratorias que trate de aplicar quien resulte elegido en las elecciones del 8 de noviembre, dada la notoria importancia que la temática ha ido ganando en esta nación. Así lo atestiguan las líneas argumentales de los principales aspirantes a ocupar la casona con el número 1600 en la avenida Pensilvania, N.O.
Entre nosotros y guardando las distancias, la nominación y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no escapó de similares controversias políticas. La dificultad para elegir motivó que se especulara sobre la presencia de intereses en mantener a la Corte anterior, para que un nuevo presidente de otro partido político -con una correlación de fuerzas distinta en el Congreso- pudiera liderar el esfuerzo de controlar no solo uno, sino dos y hasta tres poderes del estado; mientras tanto, otros grupos afirmaron que la elección de la actual Corte, solo consolidaría el poder y control del actual Ejecutivo y su partido sobre la institucionalidad nacional.
Y aunque no había una lista de grandes decisiones jurisprudenciales pendientes (como en los Estados Unidos), se sabía que la agenda local -que incluye fallos sobre la procedencia o no de extradiciones hacia el Norte, casaciones y determinaciones en casos de alto impacto, además de la viabilidad de la reelección presidencial- no era para nada despreciable.
La reciente declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura ha servido para evidenciar que algunas decisiones legislativas deberían tomarse más en serio. Y no nos referimos en este caso a la elección de la Corte Suprema, sino a la que se hizo antes de los concejales y los efectos lampedusianos que empiezan a verse de la misma.