Las repercusiones que el asesinato de Berta Cáceres traerá para el gobierno, son impredecibles, pero gravísimas. Nada de lo que haga podrá frenarlas. Aun cuando se actúe con diligencia y prontitud en la identificación de los verdaderos responsables.
La proyección de las luchas de Berta Cáceres por el medio ambiente y por la etnia lenca, había trascendido nuestras fronteras, pero no como una simple noticia, sino como un ejemplo digno de elevar por sobre otros, equiparándolo con el de quienes han sido reconocidos por el mundo como adalides de esas luchas.
El repudio ha sido unánime, en todo el mundo. De todos los sectores, no solo de los medioambientalistas. Además, exigen resultados definitivos.
El gobierno está en el centro de esta agitada agenda mundial de reacciones. Por varias razones. Cáceres estaba bajo la protección de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento es responsabilidad del gobierno, bajo la tutela de quien, por ética, debe velar por el acatamiento de las decisiones de esos organismos interamericanos, verificando que, efectivamente, se ejecutan; me refiero al CONADEH.
El gobierno dice que cumplió, pero el hecho criminal indica que no fue efectivo. La negligencia de los responsables de protegerla, permitió que los asesinos se aprovecharan y ejecutaran las órdenes que, desde algún centro de poder fáctico, se dictaron.
CONADEH reaccionó, pero hasta que se perpetró el crimen. Nada había dicho antes, pese a que había trascendido que Berta Cáceres estaba siendo amenazada por aquellos que combatía, responsables de proyectos de infraestructura dañinos para los ecosistemas que ella defendía con entrega incondicional. No hay registro de que haya habido algún avance por parte de CONADEH en el sentido de verificar si las medidas cautelares se estaban cumpliendo debidamente.
El gobierno también está acosado por las exigencias de resultados. Hasta el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido apoyo sin restricciones para llegar hasta los asesinos. Nada, pues, puede justificar retrasos en las respuestas. Las insuficiencias de la capacidad investigativa nacional, serán compensadas con la capacidad que, indiscutiblemente, tienen los cuerpos de investigación gringos. Habrá, por consiguiente, resultados. Todo dependerá de la diligencia en la adopción de decisiones del gobierno. Porque no debe concluir con los autores materiales, como ha sucedido en otros casos similares; en este caso, se debe llegar hasta los autores intelectuales y castigarlos sin contemplaciones.
El daño sufrido, sin embargo, es irreparable. Para la familia, para la lucha pro medio ambiente, para la sociedad hondureña y para el gobierno. Para este último, porque, aunque encuentre a los responsables, nada justificará que el crimen haya ocurrido, porque, ninguna explicación será suficiente, para excusar la negligencia de quienes, sabiendo que es su deber cumplir debidamente las mismas y que su protegida estaba siendo efectivamente amenazada, actuaron tan displicentemente, al grado de que, justamente, por esa negligencia, ocurrió el crimen.
Finalmente, habrá que revisar la perspectiva desde la que el sistema está abordando el tema de la explotación de nuestros recursos naturales. Porque mientras estos proyectos sean concebidos sin considerar la preservación del medio ambiente y las comunidades que, eventualmente, podrán resultar afectadas, el peligro de que haya más crímenes, se elevará a niveles de masacre.
No es, pues, asesinando a sus líderes que lograrán que esas comunidades abandonen sus luchas. Entre más brutales sean las agresiones a esas comunidades, más masivas, intensas y populares serán sus reacciones, y más material habrá para denostar al país, porque si una persona protegida individualmente por la autoridad, en cumplimiento de mandatos del sistema interamericano de Derechos Humanos, puede ser asesinada tan fácilmente, ¿quién de los del común, nacionales o extranjeros, podrá estar seguro en Honduras?
-Edmundo Orellana